¿Deseamos que se haga negocio con la salud y la enfermedad? ¿O bien queremos, por el contrario, que quede fuera de los circuitos de mercado igual que la educación de las niñas y los niños o las pensiones de las personas mayores? ¿Permitimos que se mercadee con las personas enfermas? ¿Permitimos que las compañías de seguros tengan unas pólizas que discriminen en función de la seriedad de las patologías y penalicen a las personas más vulnerables?

Individualmente es imposible luchar contra el poderoso entramado de la industria médico-sanitaria, pero, como sociedad, podemos reclamar una sanidad que se desvincule del negocio. Cuando nos ponemos enfermos, la asistencia no se puede dejar en manos privadas. La sanidad privada pierde en calidad para incrementar su beneficio, crea desigualdades, pacientes de primera y de segunda, y está privada en sugestión de criterios éticos. Es nuestra salud y su negocio. La sanidad es un derecho que solamente será efectivo si defendemos entre todos su carácter público e universal.