CONVERSACIONES CON EL FORO GOGOA
El pasado 7 de abril Sonia Olea abordó en el Foro Gogoa la problemática de acceso a la vivienda de los sectores más desfavorecidos en España, acercando la situación a la que tienen que enfrentarse muchas personas y familias en el estado español para acceder a una vivienda adecuada y digna.
Profundizó en la nueva ley de vivienda, tratando de identificar en ella aquellos aspectos más críticos en relación al acceso a la vivienda de las personas y familias sin hogar vulneradas en sus derechos humanos y expuso el posicionamiento de Cáritas con la vivienda y el proyecto de ley del derecho a la vivienda visto desde ese posicionamiento de Cáritas para con los más desfavorecidos.
Sonia Olea es jurista experta en Derechos Humanos y Vivienda, miembro del equipo de Incidencia de Cáritas Española, Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Diplomada en Misionología por la Universidad Pontificia de Salamanca, postgrado en Migraciones y postgrado en Relaciones Internacionales, además de máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica.
¿Cómo empieza a implicarse Cáritas en este tema de la vivienda?
–La crisis del 2008 fue la que llamó a nuestras puertas, nos sorprendió, nos dejó sin saber muy bien cómo se acompañaba un desahucio, cómo se acompañaba una negociación de un contrato de alquiler, qué pasaba con las hipotecas… Mis compañeras que estaban en el territorio saben bien de esto y fue el territorio el que llamó a las puertas de un programa que estaba pensado para las personas sin acceso a vivienda que vivían en la calle, que era el programa Sin Hogar de Cáritas, que pasó a ser copado prácticamente por el acceso a una vivienda digna para cientos de miles de familias en España.
Parece importante, al hablar de vivienda, enfocarlo desde los derechos humanos
–Cáritas tiene una propuesta, que llevamos haciendo a algunos políticos autonómicos desde nuestras Cáritas regionales y a nuestros gobernantes estatales desde hace ya unos 10 años, que consiste en que queremos políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Esto es una manera de trabajar que no la ha inventado Cáritas, sino que viene de muy antiguo, y es afrontar las políticas públicas desde esos tratados de derechos humanos que tiene ratificados el Estado español.
¿Es realmente un derecho social la vivienda?
–El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue ratificado en los años 70 por el Estado español e incluye, entre otros, el derecho a una vivienda adecuada. Y lo incluye dentro de un artículo, el 11, que refleja el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice que cualquier persona, para tener una vida en un nivel de vida adecuado, necesita tener acceso a vivienda, a salud, a comida, a vestido y a algo que se nos ha olvidado que se llama protección social, que ahora con el Ingreso Mínimo Vital parece que estamos retomando un poco.
¿La nueva Ley va a garantizar el derecho a la vivienda?
–La ley del derecho a la Vivienda no es una ley con enfoque de derechos humanos, pero sí que ha dado grandes pasos si miramos cómo estábamos. Sí que tiene algunas partes positivas, pero no está hecha con ese enfoque. Para empezar, tendrían que haber participado las personas afectadas, las personas vulneradas y, aunque ha habido un proceso de consulta, no ha sido tan extenso como para que participaran las personas que viven en asentamientos, que viven en la calle, etc.
¿Cómo ve la situación actual desde la experiencia de Cáritas?
–Ya no vale lo de que estamos en crisis y en emergencia. Esto es estructural. Ya no vale eso de la crisis del 2008, la crisis de la pandemia o la guerra de Ucrania, porque llevamos ya 20 años de crisis en crisis y, cuando se llevan 20 años de crisis, la crisis de la exclusión residencial es estructural. Nos lo dicen los datos que tenemos de desahucios, de personas viviendo hacinadas, de personas que viven en habitaciones, personas y familias; estamos hablando de algo estructural. Y la política pública no se puede plantear con una política pública de emergencia, sino que tiene que ser de manera estructural. Esto es fundamental.
¿Y respecto a la vivienda vacía, por ejemplo?
–Tenemos un informe público de 2011 que habla de casi 3,5 millones de viviendas vacías. Es verdad que hace muchos años que no se hace en España un estudio exhaustivo sobre la vivienda vacía, por lo que hoy en día no podemos decir cuánta vivienda vacía hay. El Defensor del Pueblo hizo un análisis de cuánta vivienda pública vacía hay por cada comunidad autónoma y sí que tenemos ese dato.
¿Qué hay del alquiler de vivienda social?
–El Plan Estatal de Vivienda, por primera vez y de manera clara, prioriza el alquiler y la rehabilitación. En todos los planes estatales de vivienda anteriores claro que estaba el alquiler, pero siempre ha habido muchísimo más dinero para promover la compra que para alquiler. Cáritas tiene muy claro que la apuesta de política pública para las personas y familias vulnerables tiene que ser por vivienda pública de alquiler. Nos parece que es la única solución dados los diagnósticos, que no son solo de Cáritas, de Foesa, OXFAM, Provivienda Amnistía Internacional… sino del propio Gobierno en su análisis contenido en la Agenda Urbana Española.
¿Cómo ha ido evolucionando la inversión pública?
–España ha sido uno de los países que más dinero ha invertido en vivienda pública durante años y que menos vivienda pública tiene ahora. Actualmente en el Estado español hay un 1,5% de vivienda pública, de la que un 0,98% es vivienda social de alquiler, según datos del Profesor Jesús Leal. La vivienda social de alquiler en Europa es del 9%. El informe FOESSA de 2018 decía que 4,5 millones de personas destinan más del 40 % de sus ingresos a gastos de vivienda. Eso más pronto o más tarde es un corte de suministros o un inicio de un procedimiento de desalojo, o tener que compartir la vivienda con otras familias y compartir gastos.
¿Qué hay del derecho a la energía?
–Un cambio en positivo muy importante en 2018 es empezar a considerar el derecho a la energía, al agua y a internet, lo que habitualmente entendemos como suministros y que abordábamos antes en el enfoque de derechos humanos en políticas públicas.
¿Y de los desahucios?
–Quienes están en el territorio saben que suspender un desahucio un mes es como no suspenderlo. Pero bueno, fue un hito histórico la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2019: antes no existía, ahora existe y tenemos que seguir luchando para que se suspenda el tiempo necesario en la búsqueda de un alojamiento alternativo, como dice la Observación General nº 7 de Naciones Unidas, indemnizando a las personas propietarias lo que haga falta. Se pueden conjugar obviamente los intereses de todas las personas implicadas.
La pandemia ¿qué ha demostrado?
–La pandemia ha servido para una cosa muy importante. Ha servido para demostrar que algo que parecía imposible era posible, como prorrogar los contratos de alquiler o suspender el pago del alquiler y conseguir créditos ICO del ministerio correspondiente o suspender los desahucios durante meses, aunque sabemos que luego las condiciones son las que son y que sigue habiendo desahucios todos los días. Pero antes de la pandemia todo esto era impensable.
Cáritas denuncia un problema de hacinamiento
–Un 66% de los hogares que acompañamos en Cáritas viven en régimen de alquiler. En España casi todo el mundo es propietario, mientras que la gente que acompañamos no es propietaria. Cáritas se dedica y está con la gente que alquila, de la que un 14% está en habitación alquilada o en piso compartido y subiendo ese porcentaje. El gran dato interno que nos ha cambiado durante la pandemia en Cáritas es el aumento brutal de las personas que viven en habitaciones. Hablamos de hacinamiento: un 49% no pueden hacer frente a sus gastos de hipoteca o de alquiler, es decir, más de 700.000 personas acompañadas por Cáritas.
¿Qué pasa con los barrios marginales en las ciudades?
–Una cosa muy sorprendente es el dato de FOESSA 2022 respecto al gran aumento de los entornos degradados y sus condiciones en las ciudades, en los pueblos, que en nuestra mente era algo que ya estaba desapareciendo. Estamos hablando de políticas de urbanismo, de diseño de ciudad. Estamos hablando de gente que es expulsada de los centros de las ciudades a la periferia.
¿Qué quiere decir que el derecho a la vivienda no es sólo una cuestión de ladrillo?
–El derecho humano a la vivienda no es solo el ladrillo, es el entorno. El entorno, el parque, el colegio, la farmacia… En Madrid hemos tenido un barrio que se construyó y que no tenía metro ni autobús. Ahora ya lo tiene. El espacio público como ágora, como espacio de ejercicio de las libertades públicas. En la Campaña de Personas sin Hogar de 2008 ya decíamos. “No tener hogar es mucho más que estar sin techo”. Las personas vulneradas no pueden ser echadas del espacio público, no pueden ser criminalizadas como se está haciendo en algunas ciudades del Estado.
¿Qué se entiende por personas sin hogar?
–Cuando hablamos de personas sin hogar hablamos de la gente que está sin techo, gente que está sin vivienda o con una vivienda insegura, personas que tienen miedo de no poder pagar la vivienda o que sufren violencia de género y tienen que abandonarla, personas con una vivienda inadecuada o que viven en asentamientos, en chabolas horizontales, en chabolas verticales, hacinamiento, etc. Todas estas personas no tienen acceso al derecho humano a una vivienda adecuada.
¿Cuáles son las propuestas de Cáritas en relación a la vivienda para 2023?
–Nuestras propuestas son recuperación y promoción de vivienda de protección oficial, de titularidad pública permanente y siempre de alquiler, equipamiento público y reservando importantes porcentajes de suelo con uso dotacional. Dentro de esos parques de vivienda ha de contenerse suficiente vivienda social para personas y familias vulnerables, sin ingresos estables o con ingresos inferiores al mínimo establecido. Nuestra primera gran reclamación es que haya vivienda de emergencia para personas en situación de irregularidad administrativa, porque en este momento, con la normativa vigente de Ley Orgánica de Extranjería y la Constitución, esto no es posible. Y luego, por supuesto, los desahucios: cumplimiento de la Observación General número 7 de las Naciones Unidas y que no pueda una familia o una persona quedarse en la calle sin un alojamiento alternativo.
¿Qué puede decirnos del Plan Estatal de acceso a la vivienda?
–En este tema de la vivienda son las comunidades autónomas las que tienen que darlo todo, pero también el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2026. Hay trece programas, dos de los cuales nos importan mucho a Cáritas porque por primera vez se incluyen peticiones que llevamos haciendo mucho tiempo. Por ejemplo, las ayudas a la habitación de una casa, no solamente al alquiler. Y también que no solamente tengan que ser alquiler o hipoteca, sino que puede haber otros modelos jurídicos como la cesión.
Entonces ¿las administraciones tienen que velar por el derecho a vivienda de las personas vulnerables?
–Esto es un principio de las Naciones Unidas. En los inicios de los Tratados siempre se dice que la política pública obligatoria de un Estado es favorecer primero a las personas vulnerables. Esto es un cambio muy importante, que una comunidad autónoma tenga que plantearse lo primero afrontar esto, con las cantidades económicas necesarias, que pueden ser muy altas esta vez. Ha habido varias posibilidades. En Cáritas vigilamos muy de cerca para que luego en la normativa no se queden fuera situaciones de verdadera vulnerabilidad. De entrada, vamos a ver cómo reaccionan las comunidades autónomas en la situación de emergencia ante la existencia de personas en irregularidad administrativa.
Un problema parece ser la falta de vivienda social para situaciones de emergencia
–En Cáritas preguntamos a las personas que viven en la calle, en un proceso participativo para llevar a la Directora de Diversidad de Familias y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 propuestas para la futura 2ª Estrategia de Personas sin Hogar. Participaron 1.000 personas y 700 trabajadores de Cáritas. La conclusión es que no hay parque público de vivienda de emergencia, aunque hay alguna comunidad autónoma que sí que está utilizando vivienda social para emergencia y también para personas migrantes en situación irregular. Todo esto antes de que llegara la guerra de Ucrania y las personas refugiadas ucranianas.
¿También solicitan políticas específicas de empleo para la gente que está en la calle?
–En el tema del empleo se planteaba la posibilidad de que, igual que hay políticas de empleo para personas en situaciones de vulnerabilidad graves como puede ser discapacidad física o mental, se planteara también una política pública de empleo para gente que está en la calle, que también tiene una situación de una vulnerabilidad tremendamente extrema y que suele venir, además, mezclada de situaciones físicas, mentales, etc.
El acompañamiento en estos procesos parece también muy importante para Cáritas
–La gran reclamación es el derecho a la protección social, no dar ayudas económicas. Esa protección social es que Servicios Sociales tenga los medios que se les han ido quitando año tras año, aquellos que se diseñaron en los 80, que las personas que estaban en Servicios Sociales acompañaban a la persona en esa situación de desprotección para llegar a una situación de protección. Muchos compañeros y compañeras nos dicen: tramitamos ayudas pero no tenemos tiempo para entrevistar, para hablar, para acompañar.
El proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda
–Ha costado muchísimo que se llegara a un anteproyecto, un año y medio. El proyecto va al Congreso y nos encontramos con que se ha entendido por los Grupos que entra en directa colisión con lo territorial. Sabemos que en el desarrollo en algunas comunidades autónomas del derecho a la vivienda, como ocurre en Euskadi, en Valencia, en Navarra y en algunos casos en Cataluña, se ha avanzado mucho en el derecho subjetivo a la vivienda, aunque todavía sea en el papel y quede mucho por hacer en la recuperación de vivienda social.
“La vivienda social de alquiler en España es de un 0,98%, mientras que en Europa es del 9%”
“Cuando se llevan 20 años de crisis, la crisis de la exclusión residencial es estructural”
“Queremos políticas públicas con enfoque de derechos humanos”
“Desde 2008 no ha hecho más que decaer la inversión en vivienda pública”
“Tenemos un informe público de 2011 que habla de casi 3,5 millones de viviendas vacías”
