Ray Pahl, profesor emérito de sociología en la Universidad de Essex, escribía hace pocos años que “las cuestiones relativas a una ciudad justa guardan una relación más significativa con los ricos que con los pobres, ya que el nivel de restricción fiscal de los ricos es probablemente la clave de las variaciones en la desigualdad social”. Señalaba también que mientras existe un cierto consenso a nivel europeo acerca de que los pobres no deberían ser tan pobres, no existe ningún consenso semejante acerca de que los ricos no deban ser tan ricos. En efecto, es probable que nunca hayamos estado más lejos de alcanzar un acuerdo semejante. Ya sea la amenaza de la globalización y las deslocalizaciones o el discurso liberal que defiende que los servicios públicos de asistencia social fomentan el gorroneo, cualquier excusa parece buena para propugnar y poner en marcha políticas que incrementan la desigualdad social.
Las reformas fiscales recientes en nuestro país constituyen un buen ejemplo de esta suerte de revuelta de los ricos contra los pobres que ha dado actualidad y un nuevo sentido a una noción algo marchita como la de lucha de clases. El antiguo consenso de que los impuestos sirven para redistribuir la riqueza parece haberse esfumado de las altas esferas, y nunca como hoy ha estado tan bien vista la evasión fiscal. El peso de los salarios en la riqueza nacional cae año a año mientras el discurso de las elites políticas, centrado en la competitividad ha sustituido la noción de justicia social por la idea, mucho más débil, de cohesión.
Por lo demás, la existencia de una clase alta que se enriquece sin restricciones está dejando sus huellas en el entorno urbano: sus pautas de ocio y consumo muestran patrones de insostenibilidad mucho más acusados que los del ciudadano medio; su preferencia por los servicios privados (educación y sanidad fundamentalmente) está revirtiendo en el abandono de los servicios públicos; sus preferencias y gustos están modelando unas ciudades injustas, desiguales y hostiles para los más pobres, en las que proliferan infraestructuras financiadas con fondos públicos que sólo las elites disfrutan.